Nota aclaratoria
Este texto fue terminado la noche del 20 de septiembre de 2011, esperaba publicarlo el 22 de septiembre en algún medio que me diera la oportunidad de hacerlo y seguir sensibilizando a la opinión pública hacia este caso, porque esperábamos la respuesta a un juicio de amparo de la justicia federal que seguramente habría favorecido a los dos ciudadanos veracruzanos que habían sido detenidos acusados de terrorismo por haber reproducido en redes sociales el miedo que se transmitía en la sociedad del puerto de Veracruz una mañana de agosto.
La discusión que desató, las fuerzas que liberó, la solidaridad que levantó a nivel mundial dieron lugar a un feliz desenlace el 21 de septiembre de ese mismo año, cuando el ministerio público veracruzano se desistió de la acción penal en contra de Maruchi Bravo Pagola y Gilberto Martinez Vera, dejándolos libres sin cargo alguno. Si hubiera que declarar un Día Internacional de la libertad en internet, seria hoy.
Este texto nunca fue publicado y ahora lo reproduzco para seguir refrescando la memoria de quienes, de repente, se les ocurre comenzar a armar campañas para "regular" las redes sociales.
Los
tuiteros veracruzanos y la lucha por el Internet en México
Javier
Castellón
Ya no me
queda duda que en Veracruz se libra una batalla que definirá el futuro de la
libertad del internet y de las redes sociales en México. De manera inaudita, el
gobierno de Veracruz acuso de "Terrorismo equiparado" a dos usuarios
de redes sociales, a María de Jesús (Maruchi) Ramos Pagola y a Gilberto
Martínez Vera por retuitear y reproducir en el Facebook y el Twitter los
mensajes que se reproducían en medio de la ola de pánico que vivió el puerto de
Veracruz la mañana del 25 de agosto pasado debido a una ola de rumores desatada
por una balacera que se había producido en las calles del puerto y que dieron
lugar a una serie de rumores que provoco que las escuelas suspendieran clases,
que los padres desesperados corrieran a los planteles por ellos y que el
trafico del puerto se convirtiera en un caos que espantó, incluso, a las
autoridades.
A partir de
ese temor se ha generado una injusticia. Presos por el supuesto delito de terrorismo,
dos "tuiteros" (Usuarios de redes sociales) permanecen recluidos e
incomunicados en el penal de Pacho Viejo en Xalapa. Hasta allá me trasladé.
Conocí a doña Anita Vera, Madre de Gilberto, quien desde hace mas de 50 años
tiene un pequeño puesto de mariscos denominado "La Piragua" y que ha
visto con sorpresa como su único hijo varón, Gilberto, maestro de matemáticas
en una preparatoria privada, es acusado de delincuente peligroso y casi
condenado a treinta años de prisión. Soltero, de 48 años, Gilberto fue detenido
en las puertas del plantel donde trabajaba el jueves 25 por la tarde y apareció
en la madrugada del domingo 28 cuando fue presentado por las autoridades
ministeriales veracruzanas sin entender como su cuenta de twitter que
solo tenia 100 seguidores pudo haber provocado un desorden tan grande. "
Mi hijo no es terrorista" me dice su madre con lagrimas en los ojos,
"nunca anduvo en palomillas, ni le hizo ningún mal a nadie y, como
nosotros, se ha dedicado toda su vida a trabajar. Lo único que quiero es que no
lo perjudiquen, que salga libre y limpio" Doña Ana viaja desde el puerto,
trasladada por unos amigos que tienen automóvil. Sencilla en su vestimenta,
dice dejar las cosas en manos de dios.
La historia
de Maruchi Bravo es mas difícil, pues fue funcionaria del gobierno de Fidel
Herrera, directora de la casa Agustin Lara y al final del periodo distanciada y
confrontada con el gobernador y su secretario de finanzas, Javier Duarte, que a
la postre resulto ser el elegido para la sucesión gubernamental. Quizá eso fue
determinante para que Bravo Pagola fuera considerada una de las principales
sospechosas de haber creado la situación de caos en Veracruz. El trato a ella
fue especial; La Policia la detuvo en su casa por la tarde del mismo día de los
hechos, confiscaron su computadora, sus dispositivos móviles y, para mayor
sorpresa, la trasladaron en helicóptero desde el estadio de béisbol "Beto
Avila" hasta Xalapa.
El Gobierno
del Estado de Veracruz se ha ensañado con ellos. Prácticamente los declaro
culpables desde el momento mismo de su detención, decidieron cargarles
"todo el peso de la ley" y, como nos dijo la juez, les otorgo el auto
de formal prisión porque no pudieron, o quisieron, aportar pruebas para evitar
su detención.
Pacho Viejo
es una vieja penitenciaria en Xalapa. Es un lugar húmedo y hostil para quienes
cumplen sus penas. Tanto Maruchi como Gilberto se han quejado de aislamiento,
de no ser atendidos en sus problemas de salud (sobre todo ella) y de no poder
bañarse. La negativa de la directora del penal a que yo los viera es,
evidentemente, un gesto de arrogancia y soberbia del gobierno de Veracruz. La
directora, nerviosa, me dijo que era por un asunto reglamentario, pero era
evidente que atendía una consigna de sus superiores.
Las autoridades veracruzanas quisieron aminorar el impacto mediático de mi
visita, pues iba acompañado por activistas defensores de los derechos humanos
como Daniel Gerherson y Jesus Robles Maloff. Por la mañana y durante mi visita
al penal, Gerardo Buganza, el ex-panista y ahora secretario General de Gobierno
de Javier Duarte, ofreció una conferencia de prensa donde ofrecían
"su" solución para aminorarle la pena a los tuiteros presos y, por
consiguiente, otorgarle su libertad bajo fianza si se acogían a una iniciativa
de modificación al código penal que estarían por presentar y aprobar en
"fast track" antes de que se resuelva el amparo interpuesto a la
justicia federal por parte de los abogados de los acusados.
La
iniciativa que presenta el Gobierno de Veracruz adiciona un nuevo articulo, el
373, al Código Penal y penaliza “A quien, por cualquier medio, afirme
falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques de armas de
fuego; de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan ocasionar daño a
la salud, ocasionando la perturbación del orden público” La pena, de 1 a 4 años
y la multa de 500 a mil días de salario mínimo.
Ante la presión nacional e
internacional que comenzó en las redes sociales y ahora, con mayúsculo escándalo
en los medios, el Gobierno del Estado de Veracruz le insiste a los tuiteros
presos que se acojan a los beneficios de esta nueva ley y puedan salir libre
bajo fianza, de manera inmediata, considerándolos siempre culpables de haber
generado la ola de pánico ocurrida el 25 de agosto. Dicha pretensión genera un
galimatías juridico; El gobierno quiere que los tuiteros se declaren culpables
de un delito que no existía el día en que fueron detenidos y acusados de
terrorismo. La ley ya no puede torcerse más.
Los acusados
insisten en su inocencia y alegan, con razón, que las causas verdaderas que
originaron el pánico y temor colectivo ese día en el puerto, siguen vigentes;
la violencia que escapa del control de las autoridades y que ha llegado a
costar decenas de vida en el estado de Veracruz y, por supuesto, la
desinformación, agudizada por la pretensión de los funcionarios estatales para
dar la apariencia de que no pasa nada. Por ello, en la casona de gobierno de
Xalapa se considera que las redes sociales, con el aura de mito para quienes no
conocen su funcionamiento, se han convertido en las verdaderas culpables del
caos, a pesar de que las bandas criminales siguen balaceándose en las calles
veracruzanas y han afectado, incluso, a familias de turistas.
El 23 de septiembre, la justicia federal decidirá si otorga o no
el amparo a los tuiteros presos, que por obra y gracias del Gobierno de
Veracruz, se han convertido en celebridades mundiales. Quizá no lo sepan, pero
en su caso, se estará decidiendo el futuro de libertad o de regulación de los
usuarios de redes sociales en nuestro país, tan herido por la violencia que
rebasa cualquier disposición reglamentaria.
La batalla mexicana por la libertad en Internet apenas empieza.
